El recién constituido Ejecutivo, acaba de conseguir un acuerdo en las recientes negociaciones con los principales sindicatos y patronal, dónde se ha acordado una nueva subida a 950€ en 14 pagas del salario mínimo interprofesional, siguiendo su acertado objetivo de acercar gradualmente los salarios a las demandas de convergencia de la UE.
Celebramos esta medida que es tan necesaria como imparable y nos atrevemos, no obstante, a señalar la importancia de que se esté implantando de manera progresiva, puesto que no podemos obviar el hecho de que debe ser asumible y no solo por medianas y pequeñas empresas, sino también, en el caso de nuestro sector especialmente, por las familias empleadoras.
Es pues de vital importancia conjugar la calidad del empleo, unos salarios dignos y el bienestar de las trabajadoras del sector, con el poder adquisitivo de las familias que puedan acceder a estos servicios de manera asequible con todas las garantías de calidad.
¡Y ahí está el quid de la cuestión! y es que una de las principales preocupaciones de nuestro sector, que necesita de una regulación adecuada precisamente por esto, es que es una realidad, que un coste del servicio igual o superior al ingreso familiar, es el principal freno a las contrataciones dentro de la economía formal.
Ahí está uno de los escollos de que no se esté dando un mayor número de altas dentro de un sector que está destinado a un gran crecimiento en creación de empleos, por las características y necesidades de nuestra sociedad; una incapacidad, entre otras cosas, por parte del presupuesto de muchas familias, de contratar un mayor volumen de horas que necesitarían.
Nos encontramos así ante la importante cuestión de ver si esta medida va a suponer la oportunidad para las trabajadoras del sector de mejorar su situación salarial, o, si por el contrario, el coste añadido para las familias frustrará estas legítimas aspiraciones.
Es necesario encontrar soluciones que sean propicias, porque la realidad, a nuestro pesar, es tozuda.
Así se debe analizar en que manera el Gobierno debe asumir responsabilidades en sectores como el nuestro, donde se conjuga la necesidad de proteger los derechos de las trabajadoras del sector, que están directamente alcanzadas por esta medida, y la necesidad de aliviar este coste salarial que debe ser asumido directamente por las familias que contratan los servicios, en muchas ocasiones con mucho esfuerzo económico por su parte, y evitar así un efecto perverso que engrose el ya lamentable elevado número de empleos de nuestro sector, en la economía sumergida.
Ante esta realidad, desde la AESPD trabajamos para alcanzar una regulación para el sector de los Servicios Personales y Domésticos que permita dotar de efectividad a estos legítimos objetivos; para ello estamos lanzando propuestas a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, para dar solución a esta ineludible problemática.
Para mayor información: https://aespd.com/plataforma-sap.html