Desde el sector empleador apoyan este avance histórico en equiparar en derechos a estas trabajadoras con cualquier otro sector laboral, no obstante, se observa con gran decepción que no se está teniendo en cuenta por parte del Ministerio de Trabajo a aquellos que necesitan de estos servicios de cuidados esenciales en su día a día y están asumiendo todo este avance en plenos derechos de las empleadas del hogar sin las medidas adecuadas de apoyo a la contratación, en un sector donde la economía sumergida es el mayor lastre.
Madrid, 5 de junio de 2024.- Ante las medidas que se han venido tomando desde el año 2022, y con mayor intensidad desde la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos, ya en vigor desde el pasado 29 de febrero, respondiendo a las demandas fundadas de este colectivo, las familias empleadoras, que apuestan por regularizar los contratos de las trabajadoras que les proporcionan estos servicios, facilitando el acceso a las prestaciones a las que tienen derecho y permitiendo que estas mejoras laborales puedan serles de aplicación, están comenzando a temer que se pierda de vista su condición de persona particular y que se les exija el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de empleador, como si fueran una empresa, con los medios de los que estas disponen.
Son pocas las familias que pueden regularizar estos contratos o contratar el número de horas que realmente necesitarían ya que a nivel tanto personal como económico, esto está suponiendo un gran esfuerzo, difícil de asumir por la mayoría de la población.
En el reciente informe elaborado tras la mayor encuesta realizada a nivel europeo sobre el sector del empleo doméstico, en el marco del proyecto europeo PHS social dialogue vemos que aquellos que principalmente contratan estos servicios son mayores de 65 años, no obstante no en un número de horas muy alto y esto por los costes que supone y otros problemas a la hora de contratar.
Ante un sector con uno de los niveles más altos de economía sumergida y donde el servicio de cuidados que se presta está destinado a ser un pilar fundamental a la hora de reforzar todos aquellos servicios de ayuda en los hogares que requiere nuestra sociedad, es sorprendente que no se tenga en cuenta a aquellos que están favoreciendo con su esfuerzo el dar de alta a estas trabajadoras y precisamente en un momento en el que el número de altas según los últimos datos de afiliaciones a la seguridad social del mes de abril está en el nivel más bajo, con 371.538 altas, unas 580 menos desde la última EPA del mes de diciembre de 2023, desde que entrara en vigor el Real Decreto del servicio al hogar familiar en enero de 2012, y esto a pesar del potencial en la demanda de estos servicios que existe en nuestra sociedad.
La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos es la patronal del sector que representa tanto a empleadores como a entidades prestadoras de servicios domésticos, se pide que se incentiven las contrataciones, por un lado que se mantengan las bonificaciones de la seguridad social, y se adopten desgravaciones fiscales de parte de los costes de emplear estos cuidados, así como ayudas a las familias empleadoras a la hora de poder llevar de manera sencilla y accesible los trámites necesarios para poder cumplir con los requisitos de contratación que ahora se van a desplegar, como es el caso de la prevención de riesgos laborales, el despido, o la formación, y se desarrolle una labor de información tanto para las empleadas como para las familias empleadoras sobre sus derechos y obligaciones, y se asista a aquellos que tienen dificultades para llevar todo esto a cabo, sobre todo para nuestros mayores, para muchos de los cuales por ejemplo, el hecho de entrar en una web y rellenar un formulario, puede no resultar tan sencillo.
En este sentido, igualmente sería conveniente impulsar que empresas prestadoras de servicios en los hogares puedan competir en igualdad de condiciones con similares costes que los que se soportan en la contratación directa, para aliviar la carga administrativa que supone para los particulares comportarse como una empresa en lo que se refiere a llevar todos los temas administrativos y obligaciones contractuales, aportando seguridad tanto a trabajadores que ven sus derechos protegidos por la relación de empleado/empresa, como a los usuarios a los que prestan un gran servicio de ayuda en los trámites de contratación, selección de personal adecuado a sus necesidades, entre otros.
Finalmente, entre las medidas importantes que promueve el convenio 189 de la OIT es el de impulsar el diálogo social en el sector, es necesario para ambas partes, trabajadoras y familias, dialogar en las mismas condiciones y poder dar voz a todas las partes implicadas, lo que es clave en un contexto donde se avanza cada vez más a mayores derechos como hacia mayores obligaciones contractuales, tanto para familias como para empleadas del sector.
Desde la AESPD, se propone, para poder alcanzar éxito en el establecimiento de un convenio colectivo en el sector que satisfaga las expectativas tanto de empleadas como de empresas y personas empleadoras y para no generar inseguridad jurídica, es alcanzar un convenio que incluya cualquier modo de contratación, tanto de carácter particular, como a través de entidad ya sea intermediaria, como es el caso de agencias de colocación, así como a través de entidades prestadoras de servicios, con o sin ánimo de lucro.
Se espera que con todas esta medidas, avanzar hacia un sector de gran proyección, que fomente tanto empleos de calidad, la profesionalización de este sector y el bienestar de aquellos a los que no se puede perder de vista tampoco que son aquellos que necesitan de estos cuidados.
