Esta es la cuestión que se han planteado en varios países de Europa, en lo referente al afloramiento hacia la economía formal de muchos de los empleos que se realizan dentro de los servicios a los hogares.
Y a la conclusión a la que han llegado en muchos casos, es que efectivamente el precio influye enormemente a la hora de contratar servicios de proximidad.
En cuanto el precio es superior al ofrecido en la economía sumergida, es bastante probable que el usuario se decante por acudir a esta solución y es que muchas personas y muchas familias necesitan este tipo de servicios para hacer frente a su día a día: realizar actividades cotidianas que les son imprescindibles para poder seguir ocupándose de otros aspectos de su vida, como puede ser el hecho de poder seguir acudiendo a su puesto de trabajo.
¿Cuántas mujeres han tenido que optar por abandonar sus carreras por no poder asumir el coste del cuidado de algún miembro de la familia que lo necesite?
Y en los casos donde prescindir de una fuente de ingresos se hace insostenible, ¿cuántas personas y familias no han tenido más remedio que acudir a soluciones más o menos adaptadas, como recurrir constantemente a familiares, a los amigos o a la vecindad y en caso de no poder contar con este apoyo, a soluciones que no les supongan un coste excesivo para sus economías, como es la ofrecida en el mercado informal?
Ahora, en España parece que estas cuestiones también se está planteando puesto que es una realidad ineludible que afrontan tantas familias y quizá se planteen ciertas respuestas en la próxima reforma fiscal. Como hemos podido ver en últimas las informaciones*, Hacienda podría contemplar deducciones en el IRPF para la adquisición de servicios a la persona.
Como venimos defendiendo desde la AESP, estas medidas contribuirían muy positivamente al afloramiento de un gran número de trabajadores que ahora ofrecen estos servicios dentro de la economía informal, favoreciendo la creación de empleo, permitiendo el acceso a muchos usuarios adquirir servicios de calidad, que les aporten soluciones prácticas y adecuadas a la mejora de su calidad de vida, como ha sido el caso en otros países que han puesto en práctica estas medidas, como Francia a través de la llamada Ley Borloo o Bélgica, entre otros.
*Para mayor información:
Informativos Antena 3 – 30 de enero de 2014